El debate sobre la minería y la contaminación del agua suele concentrarse en lo que ocurre mientras una explotación está activa. Sin embargo, existe otra pregunta menos visible y de enorme importancia ambiental: qué sucede con el agua cuando la mina deja de funcionar. Los residuos, relaves y minerales expuestos pueden continuar interactuando con el ambiente durante años o incluso décadas, por lo que el cierre de una explotación no siempre significa el final de sus posibles impactos.
Uno de los mecanismos que genera especial preocupación es el denominado drenaje ácido de mina. Se produce cuando determinados minerales presentes en los residuos quedan expuestos al agua y al oxígeno y generan soluciones ácidas capaces de movilizar metales. Un ejemplo estudiado en Argentina es el pasivo minero de Concordia, en Salta, donde investigadores registraron drenaje ácido con valores de pH de entre 2 y 3 y concentraciones elevadas de arsénico, cobre, plomo, zinc y hierro, asociadas a contaminación de cursos de agua y del suelo circundante.
El caso de Concordia también muestra por qué el problema no necesariamente termina con el cierre de una mina. Investigaciones sobre las eflorescencias salinas presentes en ese antiguo emprendimiento detectaron arsénico y metales pesados asociados a fases solubles en agua, por lo que los investigadores señalaron que estos materiales representan fuentes potenciales de contaminación de reservorios hídricos vinculados con los residuos mineros.
Cómo distinguir el origen de la contaminación
Pero establecer una relación entre minería y contaminación del agua requiere algo más que encontrar un metal en un río. Algunas regiones presentan concentraciones naturales elevadas de determinados elementos debido a su propia geología. Por eso, los estudios ambientales deben comparar diferentes puntos de una cuenca, analizar sedimentos y aguas y considerar variables naturales. En el río Yacoraite, en Jujuy, una investigación encontró anomalías naturales de algunos elementos, pero también indicadores de una posible influencia de actividades mineras en determinados sectores de la cuenca.
El problema adquiere otra dimensión cuando los contaminantes pueden incorporarse a los organismos que viven en esos ambientes. Un estudio realizado en Tucumán analizó peces de ríos y embalses y detectó acumulación de mercurio, cadmio, plomo, cobre y arsénico; algunos de esos elementos superaron niveles guía establecidos para el consumo humano. Los investigadores plantearon la necesidad de realizar monitoreos periódicos y adoptar medidas sobre las especies afectadas.
Los antecedentes de grandes emprendimientos mineros también muestran que el control del agua se convirtió en una cuestión judicial y política. En el caso de Veladero, en San Juan, se realizaron monitoreos de la cuenca del río Jáchal luego del derrame de solución cianurada de 2015, mientras que la Justicia documentó denuncias y actuaciones relacionadas con aquel episodio y con posteriores incidentes.
La discusión, entonces, no debería reducirse a minería sí o minería no. La pregunta central es qué controles se aplican, quién los realiza, qué información se publica y quién responde cuando un pasivo ambiental permanece durante años. Una política minera que pretenda ser ambientalmente sostenible necesita no solamente controlar una explotación mientras produce, sino también garantizar monitoreo, tratamiento y financiamiento para los residuos y las áreas afectadas después del cierre.
El desafío es especialmente relevante en regiones donde el agua tiene un valor estratégico para el consumo, la producción y los ecosistemas. La evidencia disponible en distintos puntos del país muestra que existen casos de contaminación vinculados a actividades mineras y pasivos históricos, pero también que cada situación debe estudiarse de manera específica para distinguir entre contaminación de origen minero, características naturales de la geología y otras fuentes de impacto. El verdadero debate, más que negar o aceptar en bloque los riesgos, es determinar qué nivel de control, prevención y reparación está dispuesto a exigir el Estado antes, durante y después de cada proyecto.
Fuente: El Aconquija
