El conflicto por el uso del espacio público y las fuentes de subsistencia popular se agudizó tras la orden de desalojo de feriantes en Catamarca. Más de cincuenta familias de puesteros y emprendedores que desarrollan sus actividades en la Plaza 25 de Mayo confirmaron que interpondrán un recurso de amparo judicial para impugnar la intimación de desalojo notificada por la Municipalidad de la Capital, denunciando que la medida atenta directamente contra los ingresos diarios de los trabajadores de la economía informal.
Los puesteros afectados señalaron que el emplazamiento recibido busca remover los puestos fijos y ambulantes instalados en el principal paseo céntrico sin ofrecer alternativas de reubicación consensuadas. Ante este panorama, los trabajadores acordaron unificar su postura en los tribunales para frenar cualquier operativo de remoción compulsiva y abrir una mesa formal de negociación que garantice la continuidad laboral de los grupos familiares que dependen del rubro.
El malestar cobró estado público tras advertencias de los propios feriantes a través de canales comunitarios, donde fustigaron el avance administrativo sobre su fuente de ingresos. Los testimonios coinciden en que la feria representa el único medio de vida para decenas de personas vulnerables, en una coyuntura marcada por la contracción del mercado formal y la depreciación de las ventas en el comercio tradicional.
Este nuevo frente de conflicto judicial se suma a una serie de antecedentes críticos en otros paseos de la ciudad, como los desalojos ejecutados previamente en la Plaza 25 de Agosto y las restricciones operativas impuestas a verduleros y artesanos en parques comunales. Los puesteros alertan que las decisiones oficiales evidencian un esquema reiterado de erradicación del comercio barrial sin instancias previas de diálogo social.
Desprotección laboral en la plaza central y cuestionamientos al Gobierno de Raúl Jalil
La escalada de tensión en el casco céntrico reactivó los reclamos dirigidos hacia el gobernador Raúl Jalil. Organizaciones sociales y referentes del sector informal critican que el Estado provincial avale políticas punitivas sobre los trabajadores autónomos en lugar de impulsar mecanismos de regularización productiva o ferias francas protegidas, en un escenario donde el Gran Catamarca registra un desempleo del 6,4% y una creciente precarización de los ingresos.
A esta falta de contención se añade la ausencia de mediación de los organismos provinciales de trabajo y desarrollo social para evitar el desamparo de las familias en conflicto. Los emprendedores denuncian que las áreas gubernamentales permanecen pasivas frente al avance de las intimaciones, omitiendo el diseño de programas de microcréditos o predios feriales adecuados que aseguren la venta de mercaderías sin persecución administrativa.
El amparo promovido por los puesteros en la Capital marca una instancia decisiva ante el anunciado desalojo de feriantes en Catamarca. Con más de medio centenar de familias en alerta por su subsistencia diaria y expedientes que escalan al ámbito judicial, los trabajadores exigen al Ejecutivo provincial la suspensión de las órdenes de expulsión y la implementación urgente de una mesa de diálogo que garantice el derecho al trabajo.
Fuente: El Aconquija
