La pobreza volvió a subir en el gobierno de Javier Milei. Había arrancando creciendo después de un brutal sinceramiento de precios en el inicio de la gestión vía devaluación del peso, tras la sobrevaluación que dejó la gestión anterior: del 40,1% del primer semestre de 2023 al 52,9% en el mismo periodo del año siguiente. Después, con la baja de la inflación logró reducirla al 28,2% en la segunda mitad de 2025, el menor nivel desde 2018. Claro que había polémica por la metodología de medición. Pero ahora ha vuelto a elevarse: saltó al 32,3% en el primer semestre de 2026, según el Instituto de Estadística (Indec).
La indigencia, es decir, la falta de recursos para comer, subió del 6,3% al 7,5% entre el segundo semestre de 2025 y el primero de 2026. El sociólogo Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), explica la suba de la pobreza por diversos factores. Por un lado, los ingresos que crecen a menor ritmo que los precios de las canastas básicas, tanto la alimentaria, para evitar la indigencia, para la total, para sortear la pobreza, y que incluye gastos básicos de vestimenta, calzado, transporte, medicamentos, consultas médicas, educación, servicios de luz, gas y agua, equipamiento del hogar, entre otros rubros.
Por otro, el debilitamiento del mercado de trabajo. Se destruye empleo formal y es más que compensado por el informal y el cuentapropismo, en los que se gana entre 14% y 28% menos. Pero también aumenta la desocupación.
En tercer lugar, Salvia señala una distribución menos favorable de la recuperación de los ingresos. Es decir, se incrementa la desigualdad. No es extraño que haya un boom de llegada de marcas de lujo mientras el consumo masivo no encuentra piso, cae año tras año.
En cuarto término, menor dinamismo y mayor heterogeneidad de la actividad económica. El PBI cayó en el segundo trimestre y arrancó el tercero con una baja en julio. A su vez, los sectores que vuelan son los que menos empleo necesitan, como agro, hidrocarburos y minería, mientras siguen retrocediendo la industria, la construcción y el comercio, que son los que más trabajo generan.
En quinto lugar, la menor capacidad protectora de las ayudas sociales. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan por inflación pero con dos meses de rezago. Pero además el índice de precios al consumidor (IPC) se basa en una canasta de consumo desactualizada, que subestima el impacto de los tarifazos de servicios públicos. Esta es una de las polémicas no sólo en torno al IPC sino al propio índice de pobreza.
Por último, Salvia señala la mayor presión de tarifas, alquileres y servicios públicos, los gastos fijos que dejan menos ingreso disponible para las familias. Como estos rubros pesan poco en el IPC, también influyen menos en el dato de la cantidad de pobres. Por tanto, hay más inflación y más pobreza de la que calcula el Indec. Por la negativa del Gobierno a actualizar estos indicadores es que Marco Lavagna renunció a la dirección del Indec en febrero pasado. Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, prefirieron mantener sus estadísticas pero la realidad comenzó a colarse aún en ellas.
El investigador de la UCA, entre otros, ha señalado problemas en la medición de la pobreza: problemas en la captación de ingresos, de una canasta total construida con ponderadores desactualizados y del desfase entre los ingresos declarados y las canastas utilizadas, factores que durante un período de alta inflación alteran tanto los niveles como la evolución. Aunque el IPC haya bajado del 211% en 2023, aún se mantiene en 33%, entre los más elevados del mundo.
AR
