El impacto ambiental derivado de la actividad extractiva volvió a encender las alarmas entre ambientalistas, profesionales de la salud y comunidades originarias de la región serrana y puneña. Los reclamos se concentran en la falta de controles oficiales sobre las emisiones de gases y el material particulado en suspensión, exigiendo auditorías urgentes frente a los riesgos del aire contaminado por la minería en Catamarca.
La principal preocupación de los pobladores radica en el constante tráfico de camiones de gran porte y las constantes voladuras de roca en las áreas de exploración y explotación. Residentes de localidades cercanas denuncian que las intensas ráfagas de viento dispersan partículas de polvo y reactivos químicos hacia zonas habitadas en Catamarca.
A esta situación se suma el uso intensivo de generadores a diésel para abastecer de energía a los campamentos mineros ubicados a más de 4.000 metros de altura. Especialistas señalan que la combustión permanente de hidrocarburos genera una huella de carbono elevada y altera la calidad del aire en ecosistemas frágiles.
Pese a los reiterados pedidos de informes presentados en la Legislatura provincial, las comunidades afirman que no existen estaciones públicas de monitoreo ambiental que registren la pureza de la atmósfera en tiempo real. La falta de mediciones continuas impide evaluar de manera certera el impacto de estas emisiones en la salud respiratoria de los vecinos.
Hermetismo estatal y crecientes reclamos de la sociedad civil
Las falencias en la fiscalización ambiental reavivaron los severos cuestionamientos hacia las autoridades del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente. Fustigan que los organismos provinciales acepten las declaraciones juradas de las empresas multinacionales en lugar de implementar una red pública de sensores que certifique de forma independiente la calidad del aire.
Asimismo, referentes sociales y gremiales criticaron la ausencia de protocolos para la contención del polvo en los caminos de acarreo y zonas de procesamiento. Cuestionan que el Gobierno provincial priorice el avance de los proyectos comerciales sin exigir la instalación de tecnología limpia que mitigue la emisión de gases e insumos químicos volátiles.
La incertidumbre sobre el verdadero impacto de los efluentes gaseosos mantiene en estado de alerta a las poblaciones rurales. Ante la falta de datos oficiales verificables, la sociedad civil exige reformas normativas para garantizar controles permanentes y frenar el deterioro atmosférico derivado de la minería en Catamarca.
Fuente: El Aconquija
