
El hallazgo científico de los restos óseos pertenecientes a Alejandro Ernesto Jesús Jerez Boderau generó un fuerte impacto político y social en Catamarca, luego de que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto de Medicina Forense confirmaran la restitución de una nueva víctima de la dictadura en La Perla. El joven de 22 años había sido secuestrado por grupos de tareas en mayo de 1976 y trasladado de inmediato al predio clandestino que operó bajo el mando del III Cuerpo de Ejército.
Esta resolución pericial eleva a 30 la cantidad de personas desaparecidas cuyos cuerpos fueron recuperados dentro de los terrenos ubicados a la vera de la Ruta 20. El proceso de búsqueda se profundizó mediante técnicas de prospección con georradar y análisis topográficos, lo que permitió a la Justicia Federal avanzar sobre fosas clandestinas que permanecían ocultas desde hace cincuenta años en el centro de exterminio cordobés.
Los organismos de derechos humanos remarcaron la vigencia irrenunciable del reclamo de memoria, verdad y justicia, contrastando los avances técnicos y forenses con las demoras sistemáticas que persisten en los procesos judiciales. En este sentido, señalaron que la reconstrucción histórica no puede depender exclusivamente del esfuerzo de los equipos periciales independientes, sino que demanda un compromiso activo y sostenido del Estado en todas sus jurisdicciones.
Juicios de lesa humanidad y la búsqueda de cada víctima de la dictadura en La Perla
El cotejo de perfiles genéticos realizado a partir de las muestras de sangre aportadas por las familias de las víctimas resultó determinante para dar certeza científica al caso. La causa penal ratifica la crueldad del plan sistemático de desaparición forzada implementado por la estructura militar de Luciano Benjamín Menéndez, cuyas derivaciones e investigaciones judiciales aún continúan abiertas en diferentes puntos del país y de la región.
Frente a este nuevo dictamen, diversos sectores sociales subrayaron la necesidad imperiosa de respaldar con presupuesto y recursos institucionales las tareas periciales en el terreno. La lenta respuesta de las estructuras estatales frente a los crímenes cometidos durante los años de plomo sigue generando severos cuestionamientos por parte de las querellas y organizaciones que nuclean a familiares de detenidos desaparecidos.
La identificación de cada víctima de la dictadura en La Perla constituye un aporte probatorio de enorme relevancia para las sentencias en curso y expone las deudas pendientes en el esclarecimiento de estos hechos históricos. El avance de las excavaciones durante este año será clave para determinar la existencia de más enterramientos clandestinos en el predio militar cordobés.
Finalmente, la comunidad y los referentes de derechos humanos ratificaron que continuarán exigiendo celeridad a los tribunales federales para sancionar a la totalidad de los responsables materiales e ideológicos del genocidio. Cada nuevo cuerpo restituido reaviva la demanda social para que el Estado no interrumpa las políticas públicas de investigación forense ni postergue el juzgamiento efectivo de los represores.
Fuente: El Aconquija










