El avance de los megaemprendimientos extractivos en el oeste y la Puna volvió a encender alertas sobre la proliferación de suelos contaminados en Catamarca. Comunidades locales, profesionales de las ciencias de la tierra y asambleas socioambientales advierten que los residuos acumulados en diques de colas, las escombreras a cielo abierto y las maniobras de lixiviación están alterando de manera irreversible la estabilidad química y la fertilidad de las cuencas cordilleranas.
El núcleo de la controversia radica en la persistencia de metales pesados y sales residuales que quedan fijados en el sustrato edáfico tras el beneficio mineral. Especialistas señalan que la exposición constante de sulfuros al aire y al agua desencadena fenómenos de drenaje ácido, un proceso que moviliza elementos tóxicos hacia las capas subterráneas y destruye la microflora esencial de la tierra, dejando franjas territoriales completamente estériles para la vegetación nativa y el pastoreo tradicional.
Este pasivo ambiental golpea de forma directa la subsistencia de puesteros y comunidades originarias en departamentos como Antofagasta de la Sierra, Belén y Andalgalá. Las pasturas altoandinas y las vegas, que históricamente sirvieron de forraje para camélidos y ganado menor, experimentan procesos acelerados de compactación y salinización inducida, empujando a los pobladores rurales al abandono forzado de sus parcelas productivas ante la imposibilidad de cultivar o mantener animales.
Frente a estas advertencias, las corporaciones mineras argumentan que sus instalaciones operan bajo normas internacionales de confinamiento y que implementan programas de monitoreo geoquímico para neutralizar los relaves. Sin embargo, asambleas ciudadanas recuerdan que los salares y valles de altura poseen una extrema fragilidad ecológica, donde cualquier falla en las geomembranas o filtración ácida genera daños que ninguna tecnología de remediación actual logra revertir a sus condiciones basales previas.
Fiscalización ausente, seguros inexistentes y la herencia del modelo extractivo
La mayor debilidad de este escenario radica en la falta de capacidad técnica autónoma por parte de los organismos públicos provinciales. La Secretaría de Minería y las áreas de control ambiental carecen de laboratorios territoriales y de personal suficiente para realizar muestreos de suelo continuos, dependiendo casi con exclusividad de los informes técnicos y declaraciones juradas que elaboran consultoras contratadas por las mismas compañías fiscalizadas.
A esta carencia se suma la inexistencia de fondos de garantía financiera o seguros ambientales de caución real depositados a favor del Estado para asegurar el cierre de mina. Sin estos respaldos económicos previos, la provincia corre el riesgo de absorber la remediación con recursos de los propios contribuyentes cuando las operadoras agoten la veta comercial y se retiren, tal como ocurrió históricamente con viejos pasivos mineros que continúan abandonados en territorio cordillerano.
La problemática exige replantear con urgencia las exigencias ambientales para evitar que se multipliquen los suelos contaminados en Catamarca. Mientras el Gobierno provincial pondera la llegada de inversiones corporativas en paneles ejecutivos, la preservación de la tierra fértil demanda auditorías estatales independientes y exigencias legales estrictas que garanticen que la renta minera de hoy no termine convirtiéndose en la desertificación definitiva de mañana.
Fuente: El Aconquija
