La ejecución del Presupuesto 2026 de la Administración Pública Nacional alcanzó el 67,4% al 31 de agosto, un nivel que supera en 12,3 puntos porcentuales al registrado durante el mismo período del año pasado y que se convirtió en el más elevado desde 2016. El escenario plantea la necesidad de ampliar los créditos presupuestarios antes de fin de año.
El desvío está vinculado, entre otros factores, con las proyecciones macroeconómicas utilizadas para elaborar el presupuesto vigente. El Gobierno había estimado para 2026 una inflación cercana al 10%, mientras que las previsiones actuales ubican el aumento de precios anual próximo al 30%. A la vez, se había proyectado un crecimiento del PBI del 5,4%, frente a estimaciones actuales que lo sitúan alrededor del 2,1%.
La combinación de una inflación mayor a la prevista y una expansión económica menor modificó las cuentas con las que se calculó el presupuesto. Los gastos quedaron subestimados y los ingresos fiscales fueron proyectados por encima de lo que finalmente se habría obtenido.
La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) advirtió que el ritmo de ejecución hace necesario incrementar el monto total autorizado. La ampliación podría realizarse mediante una nueva ley o un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La entidad también señaló que la insuficiencia de créditos no constituye un hecho imprevisto, ya que había advertido en febrero que las partidas podían resultar insuficientes para cubrir el gasto previsto.
El problema adquiere mayor relevancia por el peso de las partidas que se actualizan de manera automática por inflación. Según el análisis, esos componentes hacen más difícil compensar el incremento del gasto mediante recortes en otras áreas y podrían llevar a que los créditos disponibles se agoten antes del cierre del ejercicio.
El Presupuesto 2027 llega al Congreso
El Poder Ejecutivo enviará el martes 15 de septiembre al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027. Entre los principales datos a observar estarán las estimaciones de inflación y crecimiento para el próximo año, en un escenario atravesado además por las elecciones.
La evolución de las cuentas fiscales será otro de los puntos sensibles. La meta de superávit acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) equivale al 1,4% del PBI, que en términos nominales representa unos $16,2 billones. Hasta julio, el resultado acumulado alcanzaba $10 billones.
Para cumplir con el objetivo, entre agosto y noviembre debería generarse un superávit promedio cercano a $1,5 billones por mes. Sin embargo, ante una recaudación que muestra señales de debilidad, algunas estimaciones elevan ese requerimiento hasta $1,75 billones mensuales. Además, diciembre suele presentar un resultado deficitario por el pago de aguinaldos.
La discusión sobre una eventual ampliación
El Gobierno también enfrenta el debate sobre qué ocurriría si los créditos presupuestarios no fueran ampliados. El escenario planteado contempla la posibilidad de limitar el funcionamiento de determinadas áreas del Estado si se agotaran las partidas disponibles, en una modalidad comparada con el shutdown de Estados Unidos.
En paralelo, existe otra discusión vinculada con el resultado financiero y el tratamiento de la deuda en pesos. Desde abril de 2024, el Tesoro utiliza letras y bonos capitalizables para renovar vencimientos. Los intereses de esos instrumentos no se contabilizan como gasto financiero durante su vigencia, sino que se incorporan a la deuda al momento del vencimiento.
ASAP advierte que, bajo un esquema convencional en el que los intereses se registraran como gasto durante el período de vigencia de la deuda, el resultado financiero dejaría de mostrar un equilibrio y pasaría a ser deficitario.
