En medio de un evidente desconcierto frente a la crisis fabril, el Ejecutivo provincial anunció que evalúa eliminar el cobro de Ingresos Brutos en Catamarca para la actividad manufacturera. La iniciativa fue comunicada por el mandatario provincial durante un encuentro en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada con el titular de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, en un desesperado intento por contener el cierre de plantas fabriles y frenar el continuo declive de puestos laborales privados en el territorio.
La propuesta oficial plantea una reducción de la carga fiscal directa sobre los establecimientos radicados, acompañada por eventuales líneas de crédito con tasas subsidiadas y la promocionada ampliación del predio de la Zona Franca. Sin embargo, este sorpresivo giro impositivo desnuda la falta de un plan económico coherente y evidencia la urgencia de una gestión que ya no sabe qué hacer para maquillar la profunda crisis que atraviesan los rubros productivos tradicionales.
Durante las deliberaciones formales, las autoridades insistieron en mostrar a la extracción minera como el motor salvador de la provincia, intentando acoplar de forma forzada a las pymes locales a esa cadena de valor. Pese a ese relato oficial, los sectores manufactureros advierten que las promesas de financiamiento competitivo llegan a destiempo, cuando decenas de talleres y líneas de producción ya redujeron turnos o suspendieron personal por el derrumbe de las ventas.
La comitiva empresaria encabezada por Rappallini y el representante fabril local, Carlos Muia, escuchó los compromisos asumidos junto al ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti, la titular de FOGACAT, Alejandra Nazareno, y el secretario de Industria, Sebastián Caria. Aunque la dirigencia nacional reconoció el impacto laboral del entramado manufacturero, la reunión evidenció el grado de improvisación con que el gabinete provincial intenta sortear el retroceso comercial.
Medidas tardías y el desconcierto político de Raúl Jalil
El intempestivo anuncio tributario profundizó los cuestionamientos dirigidos hacia Raúl Jalil. Referentes económicos y sectores de la oposición fustigan que el Gobierno provincial apele a resignar recursos coparticipables tras años de asfixiar a las pymes con una de las alícuotas más altas de la región, evidenciando un desconcierto manifiesto que busca congraciarse con las cámaras patronales mientras el comercio de cercanía y los asalariados continúan desprotegidos frente a la inflación.
A esta contradicción se suma el marcado desbalance entre los privilegios fiscales prometidos a los grandes grupos y la desatención del sector textil provincial, que acumula meses de paralización sin auxilio concreto. Dirigentes gremiales denuncian que estos alivios selectivos constituyen un mero parche que no resuelve los costos energéticos, las fallas logísticas ni la apertura indiscriminada de importaciones que desmantela el parque industrial del Valle Central.
La promesa de suprimir las alícuotas a la industria expuso la fragilidad del esquema fiscal en torno a Ingresos Brutos en Catamarca. Con medidas intempestivas que lucen como manotazos tardíos frente a la recesión y sin un proyecto integral que sostenga el consumo interno, la administración provincial enfrenta crecientes dudas sobre la viabilidad técnica y presupuestaria de sus anuncios de emergencia.
Fuente: El Aconquija
