El avance de los proyectos extractivos a gran escala reavivó una profunda controversia ambiental sobre el estado de los suelos en Catamarca. Mientras los balances corporativos ponderan las inversiones metalíferas y de salmuera, especialistas en edafología y comunidades locales advierten sobre alteraciones físicas y químicas irreversibles en la corteza terrestre, un proceso donde la remoción de millones de toneladas de material compromete la fertilidad natural y la estabilidad biológica del territorio.
La actividad a cielo abierto implica la desarticulación total de la capa arable, el horizonte orgánico más fértil que tarda miles de años en consolidarse. Al remover la vegetación nativa para la apertura de canteras, caminos y escombreras, el terreno queda expuesto a una severa erosión eólica e hídrica, acelerando la desertificación en zonas que de por sí presentan regímenes semiáridos y frágiles equilibrios ecológicos.
En el plano geoquímico, la exposición de minerales sulfurados al oxígeno y las precipitaciones desencadena el drenaje ácido de roca, uno de los pasivos más complejos del sector. Este fenómeno genera soluciones altamente ácidas que lixivian metales pesados, infiltrando compuestos tóxicos en los perfiles edáficos subyacentes, inhibiendo el microbioma natural de la tierra e impidiendo que especies vegetales autóctonas puedan colonizar nuevamente las superficies afectadas.
A este cuadro de degradación se suma la compactación sistemática derivada del tránsito constante de camiones de alto tonelaje y maquinaria pesada sobre pistas auxiliares. La pérdida de porosidad reduce de forma drástica la capacidad de infiltración del agua de lluvia, provocando escorrentías violentas que lavan los sedimentos finos y alteran el balance de humedad necesario para sostener vegas y pastizales de altura.
Falta de remediación efectiva y cuestionamientos a Raúl Jalil
Las deficiencias en la fiscalización de los planes de cierre de mina reactivaron los cuestionamientos dirigidos hacia Raúl Jalil. Diversas asambleas ambientales y sectores agropecuarios fustigan que el Ministerio de Minería y los organismos de control provincial prioricen otorgar facilidades impositivas antes que exigir pólizas de seguro ambiental suficientes, tolerando que los diques de colas y escombreras permanezcan durante décadas sin procesos de remediación biológica comprobable.
A esta pasividad estatal se añade la contradicción entre la retórica oficial de minería sustentable y el desamparo de las economías rurales tradicionales. Productores y pobladores denuncian que la alteración de cuencas y la salinización de áreas aledañas reducen las tierras aptas para pastoreo y cultivos de subsistencia, mientras la administración provincial convalida estudios de impacto que minimizan el daño acumulativo en los ecosistemas de puna y valles.
La degradación paulatina de la corteza terrestre visibiliza el costo socioambiental que recae sobre los suelos en Catamarca. Con amplias extensiones de terreno transformadas en depósitos estériles y una vigilancia pública que llega tarde, la sociedad civil y los especialistas exigen auditorías técnicas independientes que garanticen la preservación de la tierra como patrimonio productivo para las futuras generaciones.
Fuente: El Aconquija
