El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró la inconstitucionalidad de la cláusula del Decreto 759/2025 que había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno nacional avanzar con su cumplimiento.
La resolución fue firmada por el juez federal Martín Cormick, quien hizo lugar a los planteos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), tanto de manera colectiva como individual.
El magistrado dejó sin efecto la condición establecida por el Poder Ejecutivo, que supeditaba la ejecución de la Ley 27.795 a que el Congreso determinara las fuentes presupuestarias necesarias para financiarla.
Según sostuvo el fallo, ese condicionamiento constituyó un mecanismo que permitió suspender la aplicación de una ley que había sido aprobada por el Congreso con una mayoría especial de dos tercios, luego del rechazo al veto presidencial.
La Justicia también rechazó los argumentos vinculados al impacto fiscal de la norma. En ese sentido, señaló que la propia Ley 27.795 contempla mecanismos de financiamiento mediante la readecuación de partidas y el incremento de la recaudación. Además, informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso incorporados al expediente estimaron que el costo total de la ley representa el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).
El reclamo de las universidades había sido impulsado en un contexto de dificultades presupuestarias. La UBA había advertido una pérdida del 40% del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, además de problemas para sostener el funcionamiento de sus hospitales universitarios.
Con la decisión, el Estado nacional deberá adoptar las medidas reglamentarias e instructivas necesarias para garantizar la transferencia efectiva de los fondos previstos por la ley.
El fallo de primera instancia también consolida las resoluciones anteriores que habían ordenado actualizar los gastos de funcionamiento de las universidades, reajustar los ingresos de los trabajadores y garantizar la continuidad de los programas de becas en todo el país.
