En la jornada de ayer, en la cámara de Diputados y tras una amplia discusión, se aprobó la modificación del artículo 1º de la ley 4192, que modifica el nomenclador de cargos docente.
Cabe aclarar que durante la sesión ordinaria en la cual se trataba el proyecto de ley, el bloque opositor estuvo acompañado desde el lugar del público por el gremio de Aduca (Asociación de Docentes Unidos de Catamarca), que ofició de barra y aplaudió las intervenciones de cada uno de los integrantes de FCS, y que luego de la sanción definitiva de la ley celebraron con bombos, cornetas y platillos.
De esta manera, se aprobó el proyecto mediante una votación nominal pedida por el diputado Víctor Luna (FCS), contando con 22 votos afirmativos, 6 negativos y 13 ausencias. A la sesión no asistieron los diputados pertenecientes al bloque de la Renovación peronista ni los que responden al vicegobernador Dalmacio Mera.
Debate
El que abrió la discusión fue el diputado autor del proyecto (cuando fue senador) Víctor Luna, quien comparó los salarios de los profesionales de la educación con distintos empleos públicos para marcar que los primeros son vergonzosos. A ello agregó que la provincia se encontraba en el cuarto lugar a nivel nacional entre los docentes mejores pagos mientras que en la actualidad se ubicaría en el puesto 23.
Por su parte, Hugo Argerich (FPV), basándose en el artículo 149 de la Constitución provincial, habló de las atribuciones que tiene el Ejecutivo Provincial entre las que está la política salarial, incluida la docente. “¿No corremos riesgos de que una norma de esta naturaleza sea tachada de inconstitucional?”, preguntó entonces.
Luego tomó palabra la diputada del mismo bloque Cecilia Guerrero, quien consideró que el proyecto encerraba trampas “porque, además de constituir un acto de perversa demagogia con aviesos intentos desestabilizadores, configura también una gran burla a los docentes catamarqueños”. La legisladora del FPV explicó que ninguno de los incisos del artículo 110 de la Constitución provincial admite ni prevé que la política salarial de los dependientes del Ejecutivo pudiera ser objeto de regulación por parte de la Legislatura.
En su alocución, manifestó que durante los 20 años de Gobierno del FCS “se las ingeniaron para no hacer mención alguna en todos los actos administrativos dictados con relación al nomenclador docente por parte del Ejecutivo provincial a la tan mentada ley Nº 4198 que hoy quieren modificar”.
Además, la diputada recordó el pasado de Giné tanto en los ministerios de Hacienda como de Educación, siendo éste quien acompañó con su firma a los gobernadores que invocaron el uso de las facultades conferidas por el artículo 149º de la Constitución provincial.
Ello conllevó la respuesta de Raúl Giné, quien enunció que “con esta modificación se está logrando una recomposición”. El legislador recordó que desde el oficialismo hablaron de la inviabilidad del proyecto, y aclaró que según sus cálculos (17.000 docentes aproximadamente) el incremento “en el primer año de aplicación de la ley 4192 sería de $ 207.615.200”, siendo viable, en los lapsos estipulados, contar con los recursos.
En los datos vertidos por el opositor se destacó que el presupuesto general aprobado para el año 2014 es de $ 11.170.684.581 y se destinaron a la cartera educativa $ 2.159.502.836, representando menos del 20 % fijado por la ley, lo que significa que el ministerio de Educación perdió en las partidas presupuestarias ante los otros sectores del gobierno.
Juan Pablo Millán, por su parte, preguntó dónde se encontraban los gremios de la educación que no estaban acompañando la iniciativa y cuál fue el resultado de las paritarias.
Colombo: “Los gremios eligieron acordar con la patronal”
Luego de la intervención de varios legisladores y casi al final del debate, la diputada Marita Colombo manifestó que ellos poseen legitimidad para avanzar en la modificación de la ley que fija los índices sobre los cuales se calcula la remuneración docente. “La discusión salarial sobre cuál será el monto del punto índice será materia del Ejecutivo con los gremios”, expresó.
“Acá el Poder Legislativo está cubriendo la incompetencia de la negociación salarial abierta a partir del decreto que convocó a paritarias y del que participaron los gremios docentes que eligieron dar la espalda a sus bases y acordar con la patronal”, finalizó.
Rivera
Cuando la larga sesión legislativa expiraba, el presidente Marcelo Rivera pidió la palabra para leer una nota en la que daba cuenta de que no había efectuado ningún pago a favor de la secretaría de Cultura.
De esta manera buscó aclarar la polémica en torno a la contratación que Diputados realizara del Predio Ferial para la actuación de Panam, evento promocionado por el líder sindical Luis Barrionuevo, que no implicó -dijo- ninguna erogación a Diputados.
Así respondió al pedido de informe que tomó estado parlamentario ayer por parte del bloque del FPV.
La diputada Cecilia Guerrero solicitó que dicha nota fuera remitida a los distintos bloques parlamentarios.
Postura
El gobierno, en reunión de gabinete, analizará las medidas a seguir con respecto a la ley aprobada por el arco opositor. Según trascendió, son dos las medidas que tomaría. Una es aplicar el veto como una manera de expresar la voluntad política de impedir que lo dispuesto por la “mayoría opositora circunstancial” obligue al gobierno a tomar decisiones que, afirman, están vinculadas con la demagogia, con la racionalidad que debe acompañar cualquier decisión que se tome desde un Poder que impacte a otro Poder del Estado.
Por otro lado, el gobierno instruiría al fiscal de Estado para que recurra judicialmente este intento que, entienden, implica primero el avance del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo en fijar el salario de los empleados que están bajo de la órbita del gobierno.
Y, por otro lado, también porque la ley sancionada por la oposición no deja establecidas las fuentes de financiamiento, con lo que la misma deviene en “arbitraria e ilegal”.
