Nueva dilación en la causa de las compras directas de Acción Social, conocida también como el «negocio del hambre». Esta vez, el ex ministro de Salud Pablo Doro y el ex subsecretario de Acción Social, Víctor Hugo Brandán, no se presentaron a la indagatoria ante el fiscal de Instrucción, Ezequiel Walther.
El abogado defensor de Brandán, Pedro Vélez, se presentó ayer en Fiscalía para solicitar un aplazamiento para la audiencia de su cliente. Según explicó el letrado al fiscal, se encuentra abocado a la asistencia legal en un juicio por homicidio que se desarrolla en la Cámara Penal Nº 1, lo que le imposibilitaría acompañar a Brandán -por el momento- durante su indagatoria.
A su vez, el abogado Luis Segura, en su calidad de asesor legal de Doro, habría expuesto ante Walther una llamativa justificación por la ausencia. Según trascendió, el ex titular de la cartera de Salud durante la gestión del entonces gobernador Oscar Castillo habría mandado a decir que «se encontraba a disposición de la Justicia” para cuando lo requieran. Pero justamente, ayer lo había requerido la Justicia ya por segunda vez en menos de una semana y volvió a ausentarse. Sucede que el viernes pasado tenía fecha de citación para declarar, pero Doro requirió un cambio de fecha al aducir que presentaba un inconveniente de salud.
Volverán a citarlos
Ahora, el fiscal Walther deberá volver a citar a Brandán y Doro, quienes deben prestar declaración por las sospechosas compras directas millonarias que se realizaron con fondos públicos en 2003, pero cuya causa judicial arranca en 2004. Es decir, el «negocio del hambre” que se cimentó con fondos destinados a los más necesitados, sigue a la espera de una resolución judicial que ya atravesó una década sin avances promisorios.
De hecho, la causa tuvo un retroceso cuando estaba a punto de ingresar en la etapa final para su elevación a juicio oral y público. Un desentendimiento entre el fiscal de Cámara y el fiscal Instrucción respecto de la declaración de nulidad de la Cámara de Apelaciones, sobre las indagatorias a los principales involucrados en la mencionada causa, y el correspondiente vencimiento del plazo para apelar.
Es a partir de esto que ahora Walther debe volver a tomar las respectivas indagatorias a Brandán, Doro y el resto de los imputados.
Los fueros del gremialista
Quien se las arregló para sortear los diferentes obstáculos de tipo judiciales fue el gremialista de la construcción Víctor Brandán, quien a fines de 2003 pasó a ocupar la banca de diputado provincial.
Incluso, la causa se paralizó en 2005 cuando el bloque de diputados del Frente Cívico y Social (FCS), con la mayoría simple por ese entonces, rechazó el pedido de desafuero de Brandán en medio de una extensa y polémica sesión de la Cámara baja. Es que varios diputados del FCS estaban en desacuerdo con brindarle «protección» a Brandán; pero una votación dividida en el oficialismo de esos años hubiera determinado un quiebre entre castillistas (celestes) y brizuelistas (renovadores).
Brandán dejó la banca en 2007, pero recién pudo ser indagado en 2011. En junio de 2012 el fiscal Ezequiel Walther elevó la causa a juicio. Pero por una serie de procedimientos adversos al proceso, la causa volvió a la instancia de indagatorias a los involucrados en el «negocio del hambre».
El negocio del hambre
-La causa se inició en 2004, a partir de una denuncia penal interpuesta por el ex diputado Fidel Sáenz. En los 9 meses que Víctor Brandán estuvo al frente de la Subsecretaría de Acción Social que en el 2003 ejecutó compras directas por 27 millones de pesos. Más del 73% de estas contrataciones fueron selladas con un grupo de diez firmas, la mayoría de las cuales se había constituido poco antes de empezarle a vender al Estado, única actividad, por otra parte, que desarrollaban. Además, un 34% de las compras se había resuelto en los últimos 35 días de Brandán como subsecretario, antes de que asumiera como diputado provincial.
-Las maniobras se montaron al amparo de un decreto acuerdo firmado en el 2000 por el ex gobernador Oscar Castillo que, con el justificativo de la crisis social, elevó el límite autorizado para las compras en Acción Social y eximió al área de cumplir con los requisitos de la ley de Administración Financiera tendientes a impedir desdoblamientos de contrataciones que pudieran utilizarse para eludir los montos máximos dividiendo una transacción única en varias operaciones menores.
