El Concejo Deliberante de la Capital aprobó una ordenanza mediante la cual se pretende poner un control al negocio de la usura. La ordenanza en cuestión obliga a las financieras a dar a conocer en forma clara, tanto en sus locales de atención como en sus publicidades, los valores que realmente cobran cuando otorgan un crédito. La iniciativa denominada «protección contra la usura” es del concejal Juan Cruz Miranda (Renovación Peronista) y recibió el acompañamiento de todo el cuerpo.
El proyecto afecta a todas las personas físicas y jurídicas que no están contempladas por la Ley 21.526 de «Entidades financieras” y que llevan adelante el otorgamiento de préstamos de dinero; otorgamiento de ayudas económicas mutuales; operaciones de descuento de documentos, cheques y otros valores; emisión de tarjetas de crédito o de compras, como así también el financiamiento de los saldos adeudados en éstas.
De acuerdo con la normativa, las financieras están obligadas a cumplir con un régimen de información y publicidad que les exige dar a conocer los detalles de cada uno de los préstamos o líneas crediticias y de tarjetas de crédito o de compras que ofrezcan a sus clientes. En ese sentido, esta información deberá ser publicada en forma clara y perfectamente distinguible tanto en los locales de atención al público como en las publicidades en medios radiales, televisivos y gráficos.
Entre la información que deberán presentar se encuentra:
-Tasa de interés nominal anual.
-Tasa de interés efectiva anual.
-Comisiones, gastos, seguros y cualquier otro cargo aplicable.
-Cuota social o gremial, para el caso de las entidades que las perciban (mutuales).
-Costo financiero total, que incluya todos los conceptos detallados anteriormente.
En el caso de las publicidades en medios gráficos, el costo financiero total deberá tener una tipografía mayor o igual a la que se utilice para informar el nivel de tasa nominal anual y cantidad de cuotas. En el caso de las publicidades en medios radiales y televisivos el costo financiero total deberá tener la misma duración de tiempo que los importes de cuotas y la tasa de interés.
El encargado de hacer cumplir la norma será la Secretaría de Gobierno del Municipio, que podrá multar a las financieras que no cumplan con las disposiciones mencionadas. En ese sentido, las multas podrán ir desde las 40 a las 400 unidades de multa.
