En este contexto, afirmó que “el brutal crimen del ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, y muchos otros casos de características similares, demuestran que los Poderes provinciales no son capaces de garantizar debidamente la vigencia del estado de derecho y el normal funcionamiento de las instituciones».
«Se da también la desaparición física de Karina Chazarreta, una larga lista de femicidios, situaciones graves de inseguridad como el de Cristina Agüero, que hoy lucha por su vida y quizás lo más grave, la impunidad que gozan los dueños del poder en la Provincia de Catamarca, que generan la cartelización de la obra pública, y de las compras directas en el Ministerio de Desarrollo Social”, cuestionó.
Finalmente, el legislador provincial también denunció “maniobras fraudulentas del Estado para apropiarse de tierras en el Registro de la Propiedad”, la existencia de “clanes nepóticos y mafiosos formados por el partido gobernante” y la participación de funcionarios en las estafas financieras.
