La investigación por el homicidio de Norma Beatriz Tula, ocurrido el 19 de julio de 2026 en su vivienda del barrio La Chacarita, en la ciudad Capital, tendrá una nueva instancia probatoria con el análisis de las comunicaciones y la actividad digital de su hijo, Marcelo Joaquín Tula, quien se encuentra imputado en la causa.
A través de una disposición fechada el 28 de octubre, la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género ordenó realizar una inspección judicial sobre un dispositivo de almacenamiento que contiene la extracción forense del teléfono celular del imputado. El objetivo es reconstruir la cronología de los acontecimientos y examinar sus patrones de conducta en los días previos al hecho.
La medida fue solicitada por la querella, que se opuso al pedido de sobreseimiento por inimputabilidad presentado por la defensa en septiembre y requirió nuevas diligencias para profundizar la investigación.
Qué buscarán en el teléfono
De acuerdo con la disposición fiscal, el análisis se realizará mediante la herramienta UFED Reader y abarcará la información extraída del celular hasta el 19 de julio de 2026 a las 23.30.
Entre los puntos de interés se encuentran la actividad general del dispositivo —encendidos, apagados, desbloqueos y uso de aplicaciones—, los horarios de mayor actividad, los contactos más frecuentes y las posibles variaciones en los hábitos de uso.
También se analizará el historial de navegación y las búsquedas realizadas en internet, incluidas consultas vinculadas con términos como “matar”, “morir”, “sangre”, “policía”, “perdón”, “esconder”, “limpiar”, “diablo”, “pelear”, “bruja”, “poseída” y “posesión”.
La diligencia incluirá, además, la revisión de mensajes, conversaciones de WhatsApp, SMS, redes sociales, llamadas, notas guardadas, audios, videos y enlaces, con el propósito de examinar las comunicaciones anteriores y posteriores al crimen. Asimismo, se buscarán imágenes y videos, incluso aquellos que pudieran haber sido eliminados, que eventualmente tengan relación con el hecho o con la víctima.
La defensa pidió el sobreseimiento por inimputabilidad
En la causa, Marcelo Joaquín Tula fue imputado por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por ensañamiento, conforme al artículo 80, incisos 1 y 2, del Código Penal.
Según los antecedentes consignados en la disposición, el imputado se abstuvo de declarar y posteriormente fue internado en el área de Salud Mental del Hospital San Juan Bautista, tras presentar signos y síntomas de una descompensación psicótica.
Una vez estabilizado, se realizó una junta interdisciplinaria para evaluar su estado psíquico y determinar su capacidad para comprender y dirigir sus acciones al momento del hecho.
En septiembre, su defensa técnica solicitó el sobreseimiento por inimputabilidad, invocando el artículo 34, inciso 1, del Código Penal. La querella, en cambio, se opuso a ese planteo y pidió profundizar la producción de pruebas antes de avanzar en esa definición.
Cuándo se realizará la medida
La inspección judicial fue fijada para el martes 3 de noviembre de 2026, a las 8, en la sala de reuniones del Ministerio Público, ubicada en calle General Roca 50, en la ciudad Capital.
El procedimiento estará a cargo de Sebastián Andrés Herrera, designado por la Fiscalía en el marco de la medida, y deberá quedar registrado en un acta y ser filmado en su totalidad mediante la plataforma oficial del Poder Judicial, Webex.
La disposición establece que el análisis de la evidencia digital deberá realizarse con protocolos de resguardo que garanticen el derecho de defensa y la cadena de custodia.
La nueva diligencia busca incorporar elementos para reconstruir la actividad digital de Marcelo Tula en torno al crimen. Sus resultados podrían aportar información relevante para la investigación y para el análisis de los planteos formulados por las partes, aunque la disposición no anticipa conclusiones sobre el contenido que pueda encontrarse.
