La preservación de las fuentes de agua dulce en las zonas áridas cordilleranas reactivó los cuestionamientos sociales en torno al avance de la minería en Catamarca. Pobladores rurales, regantes y asambleas comunitarias del oeste provincial advierten que el tratamiento de las aguas de proceso y la exposición prolongada de rocas mineralizadas en las nacientes fluviales representan una amenaza directa para el abastecimiento de los valles productivos.
El principal punto de conflicto se centra en el riesgo de acidificación de los cursos superficiales y la lixiviación de metales pesados. Especialistas ambientales explican que cuando los minerales sulfurados quedan triturados y en contacto continuo con el aire y las lluvias estivales, se desencadenan reacciones químicas que pueden derivar en drenajes ácidos, alterando de manera irreversible los niveles de acidez del agua y afectando a la flora y fauna acuática.
A esta preocupación se suma la inquietud de los agricultores tradicionales por los sedimentos que ingresan a las tomas de riego. En departamentos donde el cultivo de nogales, vides y pasturas depende de un régimen hídrico de deshielo limitado, cualquier incremento en los niveles de sulfatos, boro o sales metálicas reduce los rendimientos productivos y genera desconfianza sobre la aptitud del agua para consumo ganadero.
Por su parte, las empresas operadoras afirman que aplican circuitos cerrados de recirculación que impiden la descarga de efluentes hacia los cauces naturales. Sin embargo, las comunidades locales insisten en que la magnitud de los depósitos de estériles y las piletas de evaporación a cielo abierto configuran un pasivo latente frente a tormentas aluvionales extraordinarias o filtraciones que escapan a los controles preventivos.
Falta de estaciones de monitoreo continuo y cuestionamientos a la gestión de Raúl Jalil
El malestar social en las cuencas altas expone los déficits fiscalizadores de la administración conducida por Raúl Jalil. Vecinos de los distritos mineros fustigan que el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente no cuente con una red pública de monitoreo en tiempo real con datos abiertos a la población, dependiendo sistemáticamente de los informes y peritajes de autocontrol contratados por las propias empresas explotadoras.
A este vacío institucional se añade la ausencia de comités de cuenca participativos donde las comunidades tengan poder vinculante de fiscalización. Dirigentes del sector productivo denuncian que los entes provinciales demoran la resolución de denuncias por turbidez en los ríos y eluden realizar auditorías hidrogeológicas integrales en los acuíferos subterráneos, priorizando la celeridad administrativa sobre la seguridad hídrica de los pueblos.
Las tensiones en torno al recurso hídrico ratifican la profunda desconfianza ciudadana hacia el modelo de la minería en Catamarca. Con comunidades que demandan agua limpia como condición innegociable para su desarrollo y un Estado que actúa sin transparencia en sus análisis de laboratorio, los habitantes del interior exigen peritajes independientes e inapelables para evitar la contaminación de sus ríos andinos.
Fuente: El Aconquija
