El avance de proyectos extractivos y el anuncio de reactivación de grandes yacimientos encendieron fuertes reclamos sociales debido a la forma en que la minería agrava la escasez de agua en comunidades de Catamarca. Pobladores rurales, puesteros y asambleas vecinales denuncian que la masiva absorción de recursos hídricos en cuencas de altura perjudica directamente el abastecimiento domiciliario y la supervivencia de producciones campesinas en Catamarca.
La preocupación se apoya en el antecedente directo de Bajo La Alumbrera, donde el complejo minero llegó a consumir un promedio diario de 69 millones de litros de agua dulce. Esta magnitud equivalía a quintuplicar el consumo total de todo el departamento Santa María o absorber casi un tercio del gasto hídrico del Valle Central, dejando como secuela una pronunciada sequía en valles donde habitan más de 40 comunidades originarias.
A la merma en los caudales se suma el deterioro en la calidad de vida de las familias que residen en las inmediaciones de los cerros de Capillitas y las zonas de explotación. Los habitantes del interior advierten que la alteración de los cursos de agua dulce provoca la pérdida de pasturas naturales, obligando a los pequeños criadores a reducir sus majadas de ganado menor ante la falta de vertientes para el pastoreo tradicional.
Asimismo, las poblaciones locales sufren las consecuencias del tránsito pesado y la polvareda permanente generada por la apertura de caminos de cateo. Quienes viven en las zonas de influencia cuestionan que las compañías y los organismos públicos no ejecuten monitoreos sanitarios independientes, desatendiendo el aumento de afecciones respiratorias y oculares provocadas por la constante suspensión de material particulado en el aire.
Daño territorial y fundados cuestionamientos a Raúl Jalil
La falta de respuestas oficiales ante la pérdida del sustento comunitario reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores comunitarios fustigan que el mandatario provincial promocione la reactivación de proyectos extractivos ante empresarios extranjeros en Europa mientras las escuelas, postas sanitarias y viviendas familiares del oeste provincial deben lidiar cotidianamente con restricciones hídricas severas y falta de agua de red confiable.
A esta contradicción se añade la ausencia de canales institucionales de diálogo previo con los pueblos afectados. Vecinos y referentes originarios remarcan que el Gobierno provincial convalida informes ambientales a espaldas de la ciudadanía, priorizando las metas de recaudación y exportación de concentrados minerales por sobre la garantía básica de los derechos humanos al agua, la salud y el arraigo territorial.
El malestar en los departamentos del oeste confirma cómo la minería agrava la escasez de agua en comunidades de Catamarca. Con poblaciones movilizadas en defensa de sus cuencas hídricas y economías tradicionales en riesgo de desaparición, la ciudadanía exige al Poder Ejecutivo provincial abandonar la indiferencia oficial y garantizar de forma prioritaria el abastecimiento de agua y la integridad de las familias catamarqueñas.
Fuente: El Aconquija
