La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil a través de la Argentina, pese a una prohibición judicial de abandonar su país, desató este miércoles una serie de denuncias penales y pedidos de interpelación contra el gobierno de Javier Milei. Legisladores de distintos sectores de la oposición reclamaron que se investigue si funcionarios nacionales facilitaron el traslado del senador brasileño hacia Estados Unidos y si se utilizaron recursos públicos para concretar la operación.
Los cuestionamientos apuntan al presidente Milei, al canciller Pablo Quirno, al jefe de Gabinete Diego Santilli, a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y al asesor presidencial Santiago Caputo, cuya presencia en Misiones durante las horas previas a la salida de Bolsonaro fue mencionada en distintas publicaciones periodísticas.
La controversia comenzó después de que la Dirección Nacional de Migraciones confirmara que el excandidato presidencial brasileño ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre a las 22.50, acompañado por su esposa y sus dos hijas, a través del puente internacional Tancredo Neves, que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú. Según el organismo, la familia presentó documentación válida y no registraba impedimentos legales para ingresar al país.
A las 23.30, Bolsonaro abordó un avión privado de la empresa Baires Fly S.A. con destino a Guayaquil, Ecuador, desde donde continuó viaje hacia Miami. El dirigente había perdido el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva y estaba alcanzado por una prohibición de salida de Brasil dispuesta por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, en el marco de investigaciones por presuntos delitos económicos.
Las denuncias penales contra Milei
Una de las primeras presentaciones judiciales fue realizada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien acudió a la Justicia Federal de Puerto Iguazú para solicitar que se investiguen las circunstancias del ingreso de Bolsonaro y su posterior salida del país.
La legisladora pidió preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú, además de acceder a los planes de vuelo, la nómina de pasajeros y la documentación relacionada con la contratación del avión privado.
También reclamó que se investiguen posibles delitos de encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. “La frontera argentina no es un pasillo VIP de nadie. La soberanía no se negocia ni se presta”, expresó Pagano, quien cuestionó las contradicciones en la información difundida inicialmente sobre el paradero del dirigente brasileño.
Por su parte, el diputado socialista Esteban Paulón presentó una denuncia penal por presunto encubrimiento agravado contra Milei, Quirno y Caputo. El legislador reclamó investigar la eventual participación de funcionarios nacionales en el traslado y determinar quién financió el vuelo.
Paulón puso especial atención en la empresa Baires Fly y sus vínculos con el empresario Sergio Daniel Mastropietro, mencionado en investigaciones judiciales relacionadas con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El legislador también había presentado un proyecto de pedido de informes sobre el eventual ingreso y egreso de Bolsonaro del territorio argentino, registrado en Diputados bajo el expediente 5805-D-2026.
A las denuncias se sumó el dirigente del Frente de Izquierda Gabriel Solano, quien presentó una acción penal contra el Presidente por presunto encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. Quedó sorteada en el Juzgado a cargo de María Eugenia Capuchetti.
Solano reclamó que se investigue la posible utilización de estructuras estatales para facilitar la salida del senador brasileño y que se preserven los registros migratorios, las comunicaciones oficiales, los planes de vuelo y las órdenes de custodia. “Milei no puede utilizar el Estado argentino para proteger a sus aliados de la ultraderecha internacional ni desconocer los compromisos de cooperación judicial con Brasil”, sostuvo el dirigente.
Los pedidos de interpelación en el Congreso
En paralelo, el diputado nacional Pablo Juliano, del bloque Provincias Unidas, presentó un proyecto de resolución para interpelar al canciller Pablo Quirno. La iniciativa contiene 91 preguntas destinadas a establecer si las autoridades argentinas conocían las restricciones judiciales que pesaban sobre Bolsonaro y si existieron contactos diplomáticos o gestiones oficiales vinculadas con su traslado.
Juliano también pidió determinar si Santiago Caputo estuvo en Puerto Iguazú durante el operativo, si mantuvo contacto con el senador brasileño y si intervino en la organización del vuelo.
El proyecto reclama información sobre la posible participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Migraciones y los servicios de inteligencia, así como sobre la utilización de vehículos, personal o recursos estatales. También solicita identificar quién contrató y pagó el avión privado.
“La política exterior no puede ser un club de amigos de la ultraderecha que se cubren entre ellos”, cuestionó Juliano, quien advirtió sobre las consecuencias diplomáticas del episodio para la relación con Brasil.
Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro anunció que impulsará la interpelación de Quirno y Monteoliva para que expliquen la actuación de los organismos que dependen de sus respectivas carteras.
“Tienen que dar la cara y rendir explicaciones ante el Congreso”, sostuvo el legislador, quien acusó al Gobierno de haber brindado asistencia operativa a través de Migraciones, la PSA y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Ferraro también cuestionó el impacto del episodio sobre las relaciones diplomáticas con Brasil, principal socio comercial de la Argentina y miembro del Mercosur.
El peronismo también reclamó explicaciones
Desde Unión por la Patria, el diputado Agustín Rossi presentó un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que informe sobre la intervención de las distintas áreas del Gobierno en el ingreso y la salida de Bolsonaro. “Bolsonaro se fugó. Milei lo ayudó. Los hechos están a la vista. Las explicaciones, no”, afirmó el exministro de Defensa.
Rossi consideró que el episodio tiene una gravedad institucional excepcional y advirtió que puede afectar seriamente las relaciones entre la Argentina y Brasil. “La Argentina no puede ser la ruta de escape de nadie”, expresó.
Desde el peronismo también hubo cuestionamientos de la senadora Juliana Di Tullio, quien reclamó explicaciones sobre el paso de Bolsonaro por territorio argentino y la eventual intervención de funcionarios nacionales.
Los legisladores opositores exigieron que se esclarezca por qué no se demoró el despegue del avión mientras se verificaba la situación judicial del pasajero y quién dispuso que la confirmación oficial sobre su paso por el país se difundiera después de su partida.
También solicitaron precisiones sobre la presencia de Santiago Caputo en el aeropuerto de Puerto Iguazú durante las horas previas al vuelo.
La controversia se produce en medio de las tensiones diplomáticas entre Milei y Lula, profundizadas después del triunfo electoral del mandatario brasileño, a quien el presidente argentino evitó felicitar públicamente por su reelección.
Por el momento, el Gobierno sostiene que Bolsonaro ingresó con documentación válida y que no existían pedidos de captura ni impedimentos migratorios registrados que obligaran a las autoridades argentinas a impedir su entrada. La oposición, en cambio, exige determinar si, más allá de los controles formales, hubo una colaboración deliberada para permitir que el senador brasileño eludiera las restricciones impuestas por la Justicia de su país.
CRM
