Una seguidilla de hechos delictivos millonarios profundizó la inseguridad en Catamarca. En una sola jornada, la confirmación judicial de un cuantioso golpe contra un comercio céntrico y un escruche perpetrado en Sumalao dejaron pérdidas económicas conjuntas estimadas en 56 millones de pesos, encendiendo las alarmas comunitarias ante la precisión de las bandas delictivas y la falta de cobertura preventiva en el Valle Central.
El primero de los episodios investigados avanzó en los tribunales con la imputación a Branco Zeballos por hurto calificado tras ingresar a una distribuidora de calle Rojas al 500. El acusado escaló un portón y muros medianeros durante la madrugada para apoderarse de 48 millones de pesos en efectivo, habiéndose recuperado apenas 2 millones de pesos en los allanamientos posteriores realizados en el barrio La Chacarita.
En simultáneo, la conmoción vecinal sacudió al departamento Valle Viejo luego de que malvivientes ejecutaran un certero golpe en el pasaje Crucero General Belgrano. Los ladrones forzaron los ingresos a la casa de Don Agenor Monla, un jubilado de 79 años, y le sustrajeron más de 8 millones de pesos correspondientes a los ahorros de toda su vida, actuando presuntamente con información previa y sin que hasta el momento haya sospechosos detenidos.
A estos cuantiosos asaltos se sumó un incidente callejero en la intersección de Esquiú y Caseros. Efectivos policiales arrestaron durante la madrugada a un joven de 29 años tras negarse violentamente a pagar un viaje de remis, un hecho menor que evidencia las situaciones de hostilidad y desamparo que afrontan a diario los choferes del transporte público durante sus guardias nocturnas.
Desamparo en las calles y fundados cuestionamientos a Raúl Jalil
La reiteración de episodios delictivos en el casco urbano reactivó fundados cuestionamientos hacia Raúl Jalil. Comerciantes, choferes y familias de la tercera edad fustigan que el Ministerio de Seguridad no garantice cuadrículas fijas de patrullaje preventivo durante la noche, evidenciando una gestión policial que reacciona con marcada tardanza cuando los inmuebles ya fueron vulnerados y las pérdidas económicas consumadas.
A esta falta de presencia en el terreno se añade la contradicción entre los anuncios gubernamentales de modernización y las recurrentes falencias en los centros de monitoreo urbano. Los vecinos denuncian que las cámaras de seguridad en puntos clave no aportan registros preventivos en tiempo real, permitiendo que los delincuentes escapen con botines millonarios por techos o calles vecinales sin ser detectados por el sistema de videovigilancia oficial.
El saldo de 56 millones de pesos sustraídos ratifica las graves fallas del plan de prevención frente a la inseguridad en Catamarca. Con jubilados despojados de su patrimonio familiar, un porcentaje ínfimo de los fondos recuperados y desprotección generalizada en las barriadas, la comunidad exige al Poder Ejecutivo provincial la implementación inmediata de corredores seguros y patrullajes reales para frenar los delitos.
Fuente: El Aconquija
