La Justicia de Paraguay ordenó que el expresidente Santiago Peña permanezca en prisión preventiva en el Regimiento Guardia Presidencial de Asunción, luego de su destitución por parte del Senado en el marco de la crisis financiera que provocó el cierre de Ueno Bank.
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la medida para garantizar que Peña se mantenga a disposición del proceso judicial. El exmandatario está imputado por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor.
La investigación apunta a la permanencia de fondos públicos y previsionales en la entidad financiera. Según la imputación fiscal, Peña habría intervenido en la colocación y renovación de importantes sumas de dinero provenientes de organismos estatales. Además, el expediente señala que mantenía una relación económica y corporativa previa con Ueno Holding, grupo empresarial al que pertenecía el banco.
El cierre de Ueno Bank afectó a unos 2,94 millones de clientes, entre ellos ahorristas particulares, jubilados e instituciones públicas. Frente a esta situación, el Banco Central informó que 1.196.000 personas ya habían recibido pagos de la garantía estatal, por un total equivalente a 160 millones de dólares.
Mientras Peña permanece detenido, Pedro Alliana, quien se desempeñaba como vicepresidente, comenzó su gestión al frente del Ejecutivo. Entre las primeras prioridades de su Gobierno se encuentran el abastecimiento de medicamentos en hospitales públicos y la atención a las personas afectadas por la crisis bancaria.
Por su parte, el nuevo vicepresidente, Antonio Barrios, anticipó que el Ejecutivo buscará la colaboración de países aliados para rastrear los fondos administrados por Ueno Bank y conocer su destino.
